La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y las constituciones de los sistemas democráticos también lo señalan. De ella deriva la libertad de imprenta también llamada libertad de prensa.
El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la libre difusión de las ideas[1].
El caso del periodista Luis Agustín González[2], sentenciado por el Juzgado Primero Penal de Fusagasugá (Cundinamarca) a 20 meses de prisión y una multa de veinte salarios mínimos, por atentar contra la honra y buen nombre de la ex gobernadora de Cundinamarca Leonor Serrano de Camargo, quien actuó judicialmente en contra del director de la publicación Cundinamarca Democrática al sentirse afectada, es un caso en particular que presenta una contrariedad en dos aspectos, por un lado se encuentra la jurisprudencia colombiana, la cual defiende el derecho anteriormente mencionado de la libertad de expresión, y por otro están los estándares internacionales que privilegian la libertad de opinión frente al buen nombre de los funcionarios y otras figuras públicas.
Entonces ¿Es un ataque o no contra la libertad de expresión?
Si bien es cierto la libertad de expresión esta perpetuada por los grandes poderes económicos, políticos, sociales, los cuales generan temor a todos aquellos periodistas que quieren dar a conocer nombres propios de personas con cargos públicos que infringen la ley, a denunciar cualquier tipo de delito, a establecer relaciones entre hombres poderosos y actividades cuestionadas, lo cual provoca un apaciguamiento del derecho que otorgan algunas instituciones de una amplia garantía a la libertad de opinión.
Entre las instituciones encargadas de temas al respecto se encuentra La Sociedad Interamericana de Prensa[3], la cual expresó que se ha penalizado la opinión y que otros periodistas que a diario ejercen el derecho a la crítica y al desacuerdo se verán amordazados. Otra institución encargada es La comisión Interamericana de Derechos Humanos y dice que quienes ocupan los cargos públicos deben aceptar, en mayor grado, su exposición a la crítica pública.
Hay que asumir las responsabilidades públicas que como periodistas generan diversas opiniones, opiniones expuestas a una comunidad masiva, pero de alguna u otra forma la libertad de expresión prima en cualquier aspecto, porque así lo establece la Ley, el problema radica en que la justicia colombiana no aplique las normas adecuadas para cada caso en especifico, y muchas de las personas encargadas de la protección de ese derecho fundamental limiten ese papel fiscalizador por intereses personales.
Entonces que papel juegan los medios masivos de comunicación, más específicamente los periodistas que laboran dentro de ellos, si se achican ante cualquier tipo de intereses de los funcionarios públicos, estarán sometidos siempre por esa política a la cual están condenados por no gozar de una libre expresión, y siendo así no existirían todos aquellos espacios en donde se puedan debatir temas tan cruciales para la sociedad, porque en cierta forma los ciudadanos se ven perjudicados por las acciones indebidas de muchos funcionarios de cargos públicos, pero que por miedo y temor no son capaces de denunciar.
Colombia es una sociedad democrática, en donde todos tienen derecho a la vida, a la participación, a la protección de sus derechos, y en este caso específicamente a la protección de todas aquellas expresiones que son provocadoras y críticas, y más si provienes de personajes públicos, pero que siempre van con un objetivo en la mira, un cambio social, una reacción de toda aquella sociedad que es ignorada por los grandes poderes, y que de alguna u otra forma debe abrir los ojos ante todos los acontecimientos que la afectan.
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[1] Wikipedia. Enciclopedia libre. Libertad de expresión. [En línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n [Consultado Marzo 1 de 2012].
[2] El Espectador. El delito de opinión. En:http://www.elespectador.com/ [En linea] (2012) Disponible en http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-330508-el-delito-de-opinion [Consultado Marzo 1 de 2012].
[3] Sociedad Interamericana de Prensa. La SIP lamenta antecedente jurídico contra la libertad de prensa en Colombia. En: http://www.sipiapa.org/v4/ [En linea] (2012). Disponible en: http://www.sipiapa.org/v4/comunicados_de_prensa.php?seccion=detalles&id=4688&idioma=sp [Consultado Marzo 5 de 2012].
